Nicaragua se convirtió este viernes en el segundo país, después de Venezuela, en solicitar la salida de la OEA, y lo hizo una semana después de que la Asamblea General del organismo considerara que las elecciones en las que Daniel Ortega se impuso para un quinto mandato "no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática".

El representante de Nicaragua en el organismo continental, Arturo McFields, fue el encargado de entregar al secretario general, Luis Almagro, la misiva con la que su Gobierno denuncia la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), el documento fundacional de 1948.

El Ejecutivo nicaragüense, que en febrero de 2017 firmó un memorando de entendimiento con la OEA con el fin de fortalecer la institucionalidad electoral en Nicaragua de acuerdo a los estándares regionales y buenas prácticas, tomó esa decisión después que 25 países de América aprobaran una resolución que tachó de "ilegítimo" el proceso en el que el líder sandinista fue reelegido.

Managua, que mantuvo conversaciones con la OEA hasta mediados de 2019 sobre ese memorando, señaló en la carta entregada a Almagro que se trataba de una decisión "soberana y digna de Nicaragua ante las reiteradas injerencias de dicho organismo hemisférico en los asuntos internos de nuestro país".

Alegó, además, que tomó su decisión basada en su Constitución y en la petición de los otros tres poderes del Estado: Legislativo, Judicial y Electoral, que instaron a Ortega denunciar la Carta de la OEA por rechazar la legitimidad de las recientes elecciones.

Elecciones, el detonante 

La medida fue adoptada después de que los países integrantes de la OEA aprobaran en la Asamblea General celebrada del 10 al 12 de noviembre pasados una resolución de condena al país centroamericano por las elecciones del 7 de noviembre.

Esos comicios se destacaron por la ausencia de siete potenciales candidatos a la Presidencia de la oposición que fueron encarcelados previo a las votaciones acusados de "traición a la patria", entre ellos la independiente Cristiana Chamorro, favorita en las encuestas.

También por la eliminación de tres partidos opositores, la derogación de la observación electoral, discrepancias sobre el nivel de abstención, y una serie de leyes que restringieron la participación en el proceso.

Ortega, de 76 años y que retornó al poder en 2007, fue reelegido para su quinto mandato de cinco años y cuarto consecutivo, junto con su esposa Rosario Murillo, como vicepresidenta, en esos comicios que no han logrado el reconocimiento de la mayoría de la comunidad internacional.

Además de la OEA, la Unión Europea, y una parte del resto de la comunidad internacional rechazaron las elecciones de Nicaragua.

Por el contrario, entre los países que han felicitado a Ortega por su reelección se encuentran sus aliados de Bolivia, Corea del Norte, Cuba, Irán, Palestina, Rusia, Siria, Venezuela y Vietnam.

Venezuela apoya

 El Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, aliado de Ortega, se convirtió en el primer país en apoyar la salida de Nicaragua de la OEA, una decisión que consideró como "legítima" y "necesaria".

Venezuela se convirtió en abril de 2017 en el primer país en la historia de la OEA en solicitar su salida, proceso que quedó truncado en abril de 2019 después de que el organismo no reconociera, en enero de ese año, el segundo mandato de Maduro (2019-2025) y se sumó a los países que respaldaron al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

En tanto, EE.UU. espera que Nicaragua regrese a la OEA, pero no como "dictadura", dijo a Efe el encargado de Latinoamérica y el Caribe en la Casa Blanca, Juan González.

Por lo pronto, según el canciller nicaragüense, Denis Moncada, Nicaragua está "dando por terminado el vínculo" con la OEA.

En una comparecencia de prensa desde la Cancillería, en Managua, Moncada explicó que, por instrucción del presidente Ortega, envió la comunicación a Almagro en la que denuncian la Carta de ese organismo, con la que, ratificó, "nos estamos desligando de la OEA".

La salida de Nicaragua de la OEA tardará dos años en ser efectiva, según la carta que rige a este organismo creado en 1948 y que tiene su sede en Washington.

EFE